noviembre 9, 2026

Ministerio Público vincula a diez personas con un supuesto plan contra el presidente Abinader

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El presidente Luis Abinader durante la ceremonia de toma de posesión, el 16 de agosto de 2020

Foto de archivo: el presidente Luis Abinader durante la ceremonia de toma de posesión, el 16 de agosto de 2020. Imagen: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Brycen Guerrero, vía Wikimedia Commons (dominio público).

SANTO DOMINGO. — Al menos diez personas estarían vinculadas a una supuesta estructura que habría planificado un atentado contra el presidente Luis Abinader, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en un expediente de 57 páginas.

El documento describe las presuntas funciones de los investigados en la coordinación de acciones dirigidas a ejecutar el ataque, que supuestamente estaba previsto para este viernes 6 de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución en el Congreso Nacional.

Las imputaciones forman parte de una investigación del Ministerio Público y de los organismos de seguridad del Estado, y deberán ser conocidas por los tribunales. Hasta el momento, las acusaciones no constituyen hechos judicialmente probados.

El expediente y los señalados

El expediente identifica a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como uno de los principales implicados y presunto coordinador de parte de las actividades. Según el Ministerio Público, De la Cruz Sosa sería el presunto administrador de un grupo de Telegram denominado «Trinitarios Élite», creado supuestamente para coordinar las acciones dirigidas a ejecutar el atentado.

El documento menciona además a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los investigados la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores y tentativa de actos de terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

Según el expediente, los involucrados habrían utilizado las plataformas Telegram, WhatsApp, Instagram y Zangi para intercambiar informaciones, coordinar acciones y organizar la fabricación de artefactos explosivos. Las investigaciones establecen que el 14 de octubre de 2026 varios de los integrantes trasladaron sus comunicaciones a la aplicación Zangi.

Dos detenidos y una entrega voluntaria

Hasta el momento hay dos personas detenidas en relación con el caso. Delvinson de la Cruz Sosa permanece detenido y el Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en su contra, por presuntas amenazas y la supuesta planificación de un atentado contra el presidente Abinader.

La audiencia de medida de coerción contra De la Cruz Sosa fue aplazada para el próximo martes, según informaciones publicadas sobre el caso.

El segundo detenido es Leomar Antonio Brens Moya, quien se entregó voluntariamente la noche del jueves en el cuartel de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís, acompañado por la presidenta de la Fundación Derechos Humanos Global, Rebeca Henríquez, tras conocer que su nombre figuraba en un supuesto listado de diez personas investigadas.

Brens Moya, de 46 años, maestro en pintura y residente en el sector Espínola, de San Francisco de Macorís, negó cualquier vinculación con planes conspirativos. Según su versión, su relación con Delvinson de la Cruz Sosa se habría limitado a un trabajo comercial: la elaboración de letreros y pancartas para una protesta relacionada con la migración haitiana.

El trabajador de la pintura manifestó su disposición de colaborar con las autoridades para aclarar su situación y afirmó que su labor es estrictamente comercial. Quedó formalmente a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional para el desarrollo de las indagatorias.

La investigación continúa

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado, luego del arresto de Delvinson de la Cruz Sosa. Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el resto de las personas mencionadas en el expediente ni sobre su situación procesal.

El supuesto ataque habría estado previsto para este viernes 6 de noviembre, durante las actividades conmemorativas del Día de la Constitución. Tradicionalmente, los actos por el Día de la Constitución se celebran en San Cristóbal, ciudad donde se firmó la primera carta magna, aunque el expediente menciona las instalaciones del Congreso Nacional como el lugar donde supuestamente se ejecutaría el ataque.

La presentación voluntaria de Brens Moya abre otro capítulo en las investigaciones, mientras se espera que las autoridades determinen qué relación, si alguna, tiene cada uno de los mencionados con los hechos investigados.

El Ministerio Público deberá presentar sus pruebas ante el tribunal en la audiencia de medida de coerción, donde un juez decidirá si impone prisión preventiva o alguna otra medida contra los imputados. Mientras tanto, el caso sigue en fase de investigación y las autoridades han reiterado que las imputaciones son presuntas y que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de cada uno de los señalados.

Qué sigue en el proceso judicial

En el sistema de justicia dominicano, la medida de coerción es la primera audiencia que enfrenta una persona imputada. En ella, el Ministerio Público presenta los elementos con los que cuenta y solicita la medida que considera adecuada para garantizar que el imputado comparezca al proceso y no obstaculice la investigación.

El juez puede imponer prisión preventiva, que es la medida más grave, o medidas menos restrictivas, como la presentación periódica ante las autoridades, la garantía económica o el impedimento de salida del país. La decisión se toma con base en la gravedad de los hechos imputados, la existencia de arraigo del imputado y el riesgo de fuga o de obstrucción.

En el caso de Delvinson de la Cruz Sosa, el Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva, lo que indica que la fiscalía considera que existen elementos suficientes para justificar la medida más severa. Sin embargo, será el juez quien decida, tras escuchar a la defensa, si acoge la solicitud o impone una medida distinta.

La audiencia fue aplazada para el próximo martes, por lo que los abogados de ambas partes tendrán unos días más para preparar sus argumentos. Mientras tanto, De la Cruz Sosa permanece detenido y Brens Moya quedó a disposición de las autoridades.

Un caso que se sigue con atención

El caso ha generado atención en todo el país, no solo por la gravedad de los hechos que se investigan, sino también por el momento en que supuestamente se planeaba el ataque: durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución, una fecha de alto contenido simbólico para la República Dominicana, en la que se recuerda la proclamación de la primera carta magna, en 1844, en San Cristóbal.

Las autoridades de seguridad han mantenido hermetismo sobre los detalles operativos de la investigación, más allá de lo contenido en el expediente de solicitud de medida de coerción. Se espera que en los próximos días el Ministerio Público ofrezca más información sobre el avance de las indagatorias y sobre la situación procesal del resto de las personas mencionadas en el documento.

Hasta que los tribunales se pronuncien, las personas señaladas en el expediente se presumen inocentes, como establece la Constitución dominicana, y será el proceso judicial el que determine si las acusaciones se sostienen con pruebas o si se desestiman.

Fuente: La Nación al Día

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