República Dominicana refuerza su frontera con Haití mientras Raquel Peña lleva la crisis a un foro regional en El Salvador
La frontera entre República Dominicana y Haití se mantiene en calma y bajo una estricta vigilancia militar, mientras las comunidades dominicanas cercanas a la zona limítrofe continúan con sus actividades cotidianas pese al agravamiento de la crisis de seguridad que afecta al país vecino. Así lo constató un reportaje de la agencia EFE publicado este domingo 15 de noviembre, que describe un escenario de control reforzado, comercio activo y una vida diaria que resiste en medio de la tensión regional.
En Jimaní, uno de los principales pasos fronterizos y el más cercano a Puerto Príncipe, la presencia de soldados, equipos de vigilancia y una verja perimetral en construcción refleja las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas para proteger el territorio nacional. La localidad, de unos 13,000 habitantes y situada a unos 60 kilómetros de la capital haitiana, mantiene una dinámica comercial vinculada al intercambio de mercancías con Haití, a pesar de las restricciones de circulación provocadas por las bandas armadas.
La frontera terrestre entre ambos países se extiende por unos 391 kilómetros, un desafío permanente para los organismos responsables de garantizar la seguridad. El comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército dominicano, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann, ha insistido en que la seguridad fronteriza no puede limitarse a los pasos oficiales, sino que debe cubrir todo el territorio limítrofe, con patrullas, vigilancia electrónica y presencia permanente en los puntos más vulnerables.
Dos batallones, artillería y una verja de 22 kilómetros
El refuerzo de la frontera se aceleró en las últimas semanas. El presidente Luis Abinader anunció el pasado 25 de octubre el fortalecimiento de la seguridad en la zona sur mediante el despliegue de dos batallones adicionales, equipos pesados y unidades de artillería. El despliegue se suma a los efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y a las unidades del Ejército que ya operan en la zona.
En Jimaní, el proyecto contempla una verja perimetral de unos 22 kilómetros, de los cuales ocho ya están construidos, según los datos difundidos este domingo. La infraestructura forma parte de un sistema de vigilancia más amplio que combina barreras físicas, patrullas militares, drones y equipos electrónicos de observación. En septiembre, el Gobierno había anunciado el comienzo de una nueva fase de construcción de 14.5 kilómetros en este sector fronterizo.
La verja no cubre toda la frontera entre los dos países, pero las autoridades dominicanas la consideran una pieza clave del dispositivo de seguridad, junto con la vigilancia por drones y la presencia de tropas en los pasos formales e informales. El objetivo declarado es impedir el ingreso irregular de personas y mercancías, y mantener el control del territorio ante el deterioro de la situación en Haití.
El comercio resiste en la frontera
Pese al incremento de las medidas de seguridad, la actividad comercial y la vida cotidiana continúan con relativa normalidad en Jimaní. El mercado fronterizo de Malpaso sigue funcionando y permite el intercambio de alimentos, productos agrícolas y otros artículos de consumo. El pasado 9 de noviembre, comerciantes de la zona confirmaron que la actividad se desarrollaba sin incidentes relevantes pese al refuerzo militar.
Esa normalidad relativa tiene un contraste duro del otro lado de la frontera. La carretera que conecta Jimaní con Puerto Príncipe, a través de la ruta nacional número 8, está sometida a restricciones de circulación por la inseguridad, y las bandas armadas cobran peajes a quienes intentan transitar por ella. El comercio que cruza la frontera lo hace bajo condiciones cada vez más difíciles, y miles de familias dependen de ese intercambio para su sustento.
La situación en Haití se ha deteriorado de forma sostenida desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las bandas armadas mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y de varias rutas del país, y la falta de garantías de seguridad obligó a postergar las elecciones presidenciales y legislativas hasta julio de 2027. Los informes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití reflejan un escenario de violencia cotidiana que ha forzado el desplazamiento interno de cerca de 1.5 millones de personas.
La gravedad del momento quedó de relieve el pasado 18 de octubre, cuando cuatro militares de El Salvador desaparecieron durante una emboscada atribuida a bandas armadas en Croix-des-Bouquets. El 4 de noviembre, la Policía haitiana comunicó el hallazgo del vehículo utilizado por los cuatro militares, un episodio que aumentó la preocupación regional por la capacidad de las bandas para actuar contra fuerzas internacionales.
Raquel Peña lleva la crisis haitiana a El Salvador
Mientras la frontera se mantiene bajo vigilancia, la crisis en Haití llegó este domingo a la agenda diplomática regional. La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, viajó a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, donde la situación haitiana será uno de los temas centrales.
Peña partió desde la Base Aérea de San Isidro tras una invitación formal del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa. El encuentro reúne a representantes gubernamentales y académicos para debatir los desafíos institucionales que enfrentan las naciones caribeñas y centroamericanas, y la agenda de la vicepresidenta dominicana incluye una conferencia magistral centrada en las reformas institucionales implementadas por la administración del presidente Luis Abinader, además de reuniones técnicas y un almuerzo oficial con la comitiva anfitriona.
La participación dominicana en el foro tiene un objetivo claro: reclamar una intervención multilateral coordinada para frenar el dominio de las bandas armadas en Haití y advertir que la crisis del país vecino no es un problema exclusivo de Puerto Príncipe, sino una amenaza a la estabilidad de toda la región. República Dominicana ha insistido durante años en que la comunidad internacional debe asumir una responsabilidad mayor frente a Haití, y el foro de El Salvador es una nueva plataforma para llevar ese mensaje.
Una crisis que ya es regional
Lo que ocurre en Haití dejó de ser hace tiempo un asunto interno. El desplazamiento de 1.5 millones de personas, el control de las bandas sobre la capital y las rutas, la postergación de las elecciones hasta 2027 y los ataques contra militares de la misión internacional muestran un Estado que ha perdido el control de buena parte de su territorio.
Para República Dominicana, el país que comparte la isla con Haití, las consecuencias son directas: presión migratoria sobre la frontera, riesgos para la seguridad, tensión sobre los servicios públicos en las provincias fronterizas y un comercio que se sostiene a duras penas. El refuerzo militar y la verja son la respuesta inmediata; la diplomacia, como la que ejerce Raquel Peña en El Salvador, es la apuesta de largo plazo.
La combinación de ambas vías define la posición dominicana frente a la crisis: proteger la frontera y, al mismo tiempo, insistir en que la solución de fondo para Haití solo puede venir de una acción coordinada de la comunidad internacional. Mientras eso no ocurra, la frontera seguirá siendo el lugar donde se mide, cada día, la distancia entre dos realidades vecinas y profundamente distintas.
Fuente: EFE
