República Dominicana lleva a la COP31 un mensaje de justicia climática y pide financiamiento accesible para los países vulnerables

La República Dominicana llevó a la Trigésima Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) un mensaje centrado en la justicia climática, y recordó que los países más vulnerables están dispuestos a seguir cumpliendo compromisos ambiciosos, pero necesitan financiamiento accesible para lograrlo.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, emitió una declaración en la que afirmó que la crisis climática «es también una crisis de justicia, de desarrollo y de responsabilidad internacional», e instó a los mayores emisores a acelerar sus reducciones de emisiones conforme a la ciencia y al Acuerdo de París, para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius.
El mensaje dominicano en Antalya
La COP31 se celebra del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Türkiye, y reúne a delegaciones de casi todos los países del mundo para negociar la respuesta global frente al cambio climático. La delegación dominicana, copresidida por Max Puig, participa en las negociaciones con una agenda clara: que los compromisos de los países en desarrollo se acompañen de los recursos necesarios para cumplirlos.
Puig respaldó la implementación del Objetivo Global de Adaptación, con atención a las metas trazadas en temas como el acceso al agua, la alimentación y la agricultura, la salud, los ecosistemas y la biodiversidad, la infraestructura, la reducción de la pobreza y el patrimonio cultural, «sin dejar de lado las circunstancias de los pequeños Estados insulares, que son los más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático».
La República Dominicana forma parte de ese grupo de pequeños Estados insulares en desarrollo, que aportan una fracción mínima de las emisiones globales de gases de efecto invernadero pero sufren de forma desproporcionada las consecuencias del calentamiento: huracanes más intensos, sequías, aumento del nivel del mar y pérdidas en la agricultura y el turismo, dos pilares de la economía nacional.
La NDC 3.0: las metas dominicanas hasta 2035
La delegación de República Dominicana presentó en esta COP31 los compromisos de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0): reducir las emisiones en 28 % para 2030 y en 32 % para 2035, respecto del escenario tendencial, mediante 26 medidas de mitigación y 41 de adaptación. Las necesidades de inversión para ejecutarlas superan los 23,700 millones de dólares.
La actualización de ese compromiso, conocida como NDC 3.0, fue presentada en junio de 2026 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dirige Paíno Henríquez. De la meta de reducción del 28 % para 2030, un 8.5 % se cubrirá con recursos nacionales y un 19.5 % estará condicionado al financiamiento internacional, lo que muestra con claridad por qué el acceso a fondos es el centro del mensaje dominicano en Antalya.
El documento estima inversiones superiores a 23,719 millones de dólares e incluye 41 medidas de adaptación en siete sectores prioritarios. En septiembre de 2025, Max Puig informó en Nueva York que el esfuerzo nacional ya había logrado una reducción cercana al 11 % de las emisiones proyectadas, por encima de la porción asumida con fondos propios.
El país cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático, establecida mediante el Decreto 269-15, y con un Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático 2015-2030, cuya coordinación corresponde al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, que preside el presidente Luis Abinader y cuyo vicepresidente ejecutivo es Max Puig. Sin embargo, la República Dominicana no tiene todavía una ley general de cambio climático: un análisis de Participación Ciudadana fechado en junio de 2025 identificó cinco iniciativas legislativas sobre la materia, ninguna aprobada.
El Fondo de Pérdidas y Daños, muy por debajo de lo necesario
Uno de los puntos más sensibles de la negociación es el Fondo de Pérdidas y Daños, creado para ayudar a los países más afectados por los impactos del cambio climático que ya no se pueden evitar. Las solicitudes de financiamiento que ha recibido el fondo son casi 10 veces superiores a lo disponible: unos 2,800 millones de dólares solicitados frente a apenas 342 millones disponibles, sin que esté garantizada su reposición una vez que se agote.
Esa brecha entre lo que se necesita y lo que hay disponible es justamente lo que la delegación dominicana denuncia como una cuestión de justicia: los países que menos contaminan son los que más pagan las consecuencias, y los fondos creados para compensarlos llegan tarde y en montos insuficientes.
El Pacto de Justicia Climática propuesto por Guterres
En la misma línea, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, propuso ante la Cumbre de Líderes de la COP31, celebrada en Antalya, un Pacto de Justicia Climática basado en cuatro pilares: una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, la protección de las personas, un financiamiento suficiente y asequible, y la cooperación frente a la fragmentación.
En su discurso, Guterres afirmó que las emisiones de 2025 alcanzaron máximos históricos y que los últimos cuatro años han sido los más calurosos registrados. Buena parte de sus planteamientos se dirigen a los países en desarrollo, a los importadores de combustibles fósiles y a los pequeños Estados insulares en desarrollo, grupos de los que forma parte la República Dominicana.
La propuesta del secretario general y el mensaje de la delegación dominicana coinciden en lo esencial: sin financiamiento accesible, los compromisos climáticos de los países vulnerables se quedan en el papel. La COP31, que continúa hasta el 20 de noviembre, deberá decidir si esa demanda se traduce en acuerdos concretos o si, una vez más, las promesas de fondos se quedan para la próxima conferencia.
