octubre 22, 2026

RD$40,000 millones para los combustibles: el costo real de los subsidios que dividen al país

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El Gobierno proyecta que el subsidio a los combustibles supere los RD$40,000 millones en 2026 y que, junto al eléctrico, ambos ronden los RD$140,000 millones. Entre la protección al bolsillo y la presión sobre las finanzas públicas, el debate sobre los subsidios entra en una nueva fase.

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Estación de combustibles en el Caribe con un autobús, un camión cisterna y vehículos cargando combustible al atardecer

SANTO DOMINGO. – Detrás de cada galón de gasolina que se paga al mismo precio semana tras semana hay una factura que el Estado absorbe en silencio. Esa factura, según las proyecciones ofrecidas por el propio presidente Luis Abinader, superará este año los RD$40,000 millones solo en combustibles, y podría rondar los RD$140,000 millones si se suma el subsidio al sector eléctrico.

Las cifras fueron el centro de la más reciente edición de LA Semanal, el encuentro del mandatario con la prensa, dedicada por completo al sistema de subsidios. Allí, Abinader defendió las ayudas —tanto las permanentes como las coyunturales— como un instrumento fundamental para proteger a las familias más vulnerables y contener el impacto de las crisis internacionales sobre los precios.

«Nuestra filosofía es que el Estado tiene la responsabilidad de equilibrar estas materias primas para que no distorsionen la economía ni deterioren los indicadores sociales, especialmente la pobreza», afirmó el presidente.

Lo que el Estado paga por cada galón

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, puso sobre la mesa el detalle que pocas veces se conoce: cuánto aporta el Gobierno por cada tipo de combustible para que el precio al consumidor no se mueva.

El mayor subsidio lo recibe el gasoil destinado al transporte federado, con RD$200 por galón. Le siguen el gasoil regular y el gasoil óptimo, con unos RD$120 por galón cada uno: sin ese aporte, el regular costaría RD$390.00 en lugar de los RD$270.80 actuales, y el óptimo subiría de RD$318.10 a unos RD$438.00.

La gasolina regular recibe RD$55.65 por galón —su precio de mercado sería RD$373.15 frente a los RD$317.50 que paga el consumidor— y la premium, RD$26.39, lo que la mantiene en RD$358.10 en vez de RD$384.49.

El caso más sensible para los hogares es el gas licuado de petróleo (GLP), el gas de cocinar. Su precio debería ser de RD$187.34 por galón según la referencia de mercado, pero el Gobierno asume RD$52.14 para mantenerlo congelado en RD$135.20. «Lo hemos dejado intacto y lo que estamos es subvencionando con 52 pesos a cada galón», explicó Sanz Lovatón, quien aclaró que las variaciones semanales del subsidio dependen del mercado de derivados, porque la mayoría de los combustibles que consume el país se importan ya refinados.

La electricidad y los subsidios permanentes

El otro gran componente es el sector eléctrico. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que el subsidio eléctrico de 2026 podría alcanzar los RD$100,000 millones, frente a los RD$86,000 millones inicialmente previstos. La tarifa permanece congelada desde 2022, aunque el costo de referencia de la electricidad ronda los RD$15.50 por kilovatio hora, por encima de lo que paga cualquier tramo de consumo.

A eso se suman los subsidios permanentes de protección social, que el Gobierno cifra entre RD$35,000 y RD$36,000 millones anuales, dentro de una asignación cercana a los RD$39,000 millones para el programa Supérate. El componente Aliméntate —que duplicó su monto de RD$825 a RD$1,650 mensuales y su cobertura— beneficia a 1,424,037 hogares; el Bonogás llega a alrededor de 1.2 millones de familias y el Bonoluz a más de 600,000. Las familias con niños en condición de discapacidad reciben, además, RD$6,000 mensuales por cada menor.

El subsidio también viaja en transporte público: cada pasajero del Metro de Santo Domingo paga RD$20 por un servicio cuyo costo operativo es de RD$47.50, de modo que el Estado aporta RD$27.50 por viaje, unos RD$11 millones al día, según el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

¿De dónde sale el dinero?

La pregunta que acompaña a cada anuncio de subsidios es de dónde saldrán los recursos. Ante el crecimiento del gasto, el Gobierno puso en marcha la Ley 30-26, de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional —conocida como Plan Anticrisis—, con la finalidad de aumentar las recaudaciones y disponer de fondos para cubrir los costos de los subsidios en los próximos meses.

El propio presidente Abinader ha explicado que el equipo económico realiza reajustes continuos para canalizar ahorros hacia la mitigación del costo de los hidrocarburos y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró recientemente el desempeño económico dominicano durante 2026, pese a las tensiones geopolíticas internacionales.

El mecanismo, en la práctica, se renueva cada semana: el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anuncia los viernes los precios que regirán de sábado a viernes, y en cada anuncio el Estado decide cuánto del aumento internacional absorbe y cuánto —si algo— traslada al consumidor. Mientras el GLP, el gasoil y las gasolinas permanezcan congelados, la diferencia la seguirá cubriendo el presupuesto público.

Y es que el efecto de los combustibles no termina en la estación de gasolina: el gasoil mueve el transporte de pasajeros y de mercancías, la producción agrícola y buena parte de la generación eléctrica, de modo que cada peso subsidiado busca evitar una cadena de aumentos que terminaría en los precios de los alimentos y del pasaje.

El debate: protección o carga fiscal

El Gobierno sostiene que el esfuerzo ha valido la pena. Abinader recordó que la pobreza bajó del 26% en 2019 al 17% en 2025 y proyectó que cerrará 2026 en torno al 14%, como resultado de la combinación del crecimiento económico, la recuperación del turismo y los programas sociales.

La oposición, sin embargo, cuestiona la magnitud del gasto y su sostenibilidad. Voceros opositores han advertido que una proyección de subsidios superior a los RD$40,000 millones en combustibles presiona las finanzas públicas y obliga a buscar recursos adicionales, en un contexto en el que el propio Gobierno impulsó la Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento y mitigación de la crisis internacional para aumentar las recaudaciones y financiar estos apoyos.

El fondo del debate es un equilibrio difícil: si el Estado retira los subsidios, el aumento se traslada de inmediato al transporte, la producción y la canasta básica; si los mantiene, el costo crece cada vez que el mercado internacional se tensiona, como ha ocurrido con los conflictos que han afectado la refinación y el tránsito de hidrocarburos.

Por lo pronto, la política oficial no da señales de cambio: los combustibles seguirán congelados semana a semana, y la factura —visible o no en la bomba— la seguirá pagando el Estado.

Fuente: Diario Libre

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