Operación Rompeolas: 21 detenidos y 65 allanamientos contra una red de narcotráfico y lavado de activos en Higüey y otras provincias

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron este jueves a 21 personas y ejecutaron 65 allanamientos simultáneos en la denominada Operación Rompeolas, un amplio despliegue contra una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos que operaba desde la región Este del país.
Entre los detenidos figura el regidor del municipio de Higüey, Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). También fue arrestado Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado por los investigadores como el principal cabecilla de la presunta organización.
La operación se desarrolló por aire y por tierra, con la participación de más de 80 fiscales y unos 650 agentes de la DNCD, junto a efectivos de la Policía Nacional y con el apoyo de agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Los allanamientos abarcaron viviendas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales en las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
Una red con ruta hacia Puerto Rico
Según el Ministerio Público, la presunta estructura recibía cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, en Colombia, y organizaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, con destino final en Estados Unidos y Europa. La República Dominicana era utilizada como punto de tránsito dentro de esa ruta internacional.
Las investigaciones, desarrolladas mediante labores coordinadas de inteligencia, permitieron identificar a los presuntos integrantes de la red, sus conexiones nacionales e internacionales y los mecanismos financieros utilizados para movilizar y ocultar los recursos ilícitos. La operación contó con la participación de fiscales de la Procuraduría Especializada Antidrogas y de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de las fiscalías de las jurisdicciones intervenidas.
El origen de la investigación se remonta a un cargamento de 237 paquetes de cocaína decomisado en julio de este año, un caso que abrió la puerta a las pesquisas que desembocaron en los allanamientos de este jueves. Desde entonces, las autoridades siguieron el rastro de la organización hasta identificar sus centros de operación.
La estructura mantenía parte importante de sus operaciones en los municipios de Higüey y Miches, desde donde presuntamente coordinaba las actividades logísticas para sostener el tráfico internacional de drogas, incluyendo el transporte marítimo de los cargamentos y la administración de los bienes adquiridos con los recursos ilícitos.
Los detenidos y los bienes ocupados
Además de Zorrilla Domínguez y Candelario Ortiz, entre los arrestados figuran Fernando de Jesús, conocido como Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez, alias Philips; Marcial Castillo, conocido como Chacabana o Shaky; y Adriano Castillo. Las autoridades informaron que los 21 detenidos serán presentados ante los tribunales competentes dentro de los plazos establecidos por la legislación, mientras el Ministerio Público y la DNCD prosiguen las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales.
Las autoridades reportaron ocupaciones por un monto de RD$3,112,639,600, unos US$5.5 millones, asociados a la estructura bajo investigación. Durante los 65 allanamientos se ocuparon vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y propiedades vinculadas a la presunta organización criminal.
El regidor Zorrilla pertenece al PRSC, una organización política aliada al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Su vinculación con la presunta estructura delictiva forma parte de las investigaciones en curso y no supone, por sí sola, una declaración de culpabilidad. Lo mismo aplica a los demás detenidos: la detención es una medida dentro de la investigación y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades de cada uno.
Un operativo autorizado por la justicia
Los allanamientos se realizaron al amparo de una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia. La disposición, identificada con el número 04569-2026 y el NUC 2026-AJ0100917, fue emitida el 17 de noviembre de 2026 por el juez Francis Y. Reyes Dilone, a solicitud de la Procuraduría Especializada Antidrogas.
La orden autoriza al Ministerio Público a intervenir viviendas, establecimientos comerciales y otras propiedades vinculadas con las personas investigadas, lo que permitió el despliegue simultáneo en varias provincias durante la madrugada y la mañana de este jueves.
La magnitud del operativo refleja la prioridad que las autoridades han dado al combate del narcotráfico y el lavado de activos en la región Este, una zona que por su ubicación geográfica y sus costas ha sido utilizada históricamente como punto de tránsito de cargamentos hacia Puerto Rico y Estados Unidos.
Qué sigue en la investigación
Con los 21 detenidos a disposición de la justicia, el Ministerio Público deberá presentar en los próximos días la solicitud de medidas de coerción ante el tribunal competente. En esa audiencia, los fiscales expondrán los elementos reunidos durante la investigación y pedirán las medidas que consideren procedentes para cada imputado.
Mientras tanto, las investigaciones continúan. Las autoridades buscan establecer con precisión el papel de cada detenido dentro de la presunta estructura, identificar otros posibles vínculos nacionales e internacionales y determinar el destino final de los bienes ocupados, que podrían pasar a la administración del Estado si los tribunales así lo disponen.
La Operación Rompeolas se suma a una serie de operativos de gran escala que el Ministerio Público y la DNCD han ejecutado en los últimos años contra el narcotráfico y el lavado de activos, con el apoyo de agencias internacionales. El caso de este jueves, por la cantidad de detenidos, la extensión territorial de los allanamientos y el perfil de uno de los arrestados, un regidor en funciones, es uno de los golpes más significativos del año contra ese tipo de estructuras en el país.
Fuente: Dominicana al Día
