El Gobierno lleva a París la defensa del arroz como asunto de seguridad nacional

El arroz dominicano llegó a París convertido en asunto de Estado. Durante las jornadas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dedica a la República Dominicana, el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña, afirmó que el cereal es un tema que «atañe directamente a la seguridad nacional y a la seguridad alimentaria» del país, justo cuando la desgravación arancelaria pactada con Estados Unidos en el DR-CAFTA entra en su fase final.

«El Gobierno dominicano reconoce que el arroz es un tema sensible para nosotros, que atañe directamente a la seguridad nacional y a la seguridad alimentaria. Por eso tratamos este rubro con la importancia debida», declaró Peña a la agencia EFE. Con esa frase, la discusión sobre el grano más importante de la mesa dominicana cambia de escala: ya no se debate solo en términos de precios y cuotas, sino de soberanía.

Una cláusula del propio tratado sostiene el argumento

El lenguaje de seguridad no es improvisado. Cuando dictó el Decreto 693-24, el Gobierno fundamentó la protección arancelaria en el artículo 21.2 del DR-CAFTA, que reserva a cada parte la facultad de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguridad. Sobre esa base, la República Dominicana definió la seguridad alimentaria como un interés esencial de seguridad nacional y al arroz como un producto estratégico dentro de esa visión, según explicó el propio Gobierno al defender la medida.

Washington, sin embargo, presionó en sentido contrario. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó públicamente la necesidad de derogar el decreto para garantizar el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano conforme al tratado. El decreto derogado establecía un arancel de 20 % dentro del contingente y de 99 % fuera de este, además de una cuota preferencial de 23.300 toneladas métricas con arancel cero. En septiembre pasado, el Decreto 635-26 lo dejó sin efecto.

Cumplir el acuerdo sin desproteger el campo

En París, Peña caminó sobre esa cuerda floja. Reconoció que, de acuerdo con el pacto comercial, «corresponde aplicar» los plazos para «el desmonte arancelario», y prometió que el proceso «se gestionará de la mejor manera posible para evitar cualquier desbalance del cual tengamos que lamentar consecuencias». También sostuvo que «los tratados de libre comercio son instrumentos vivos», aunque reiteró el compromiso dominicano de cumplir los acuerdos de los que el país es signatario.

Ese matiz diplomático convive con el debate interno. En Santo Domingo, el presidente Luis Abinader ha planteado la renegociación de lo pactado para el arroz, una posición que los productores respaldaron tras la derogación del decreto sobre importación de arroz y que mantiene abierto el pulso con Washington. La estrategia oficial parece avanzar en dos carriles: firmeza en el discurso de seguridad alimentaria y cumplimiento formal de los compromisos, mientras se busca margen de maniobra para el sector.

Ocho medidas para blindar la producción nacional

El discurso llegó acompañado de un paquete concreto. Peña aseguró que el Gobierno anunció «una serie de acciones específicas para que la estructura arrocera dominicana no quede desprotegida», en alusión a las medidas comunicadas por la Presidencia el pasado viernes en el Palacio Nacional, en un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña ante la ausencia del presidente Abinader por su viaje a Roma. El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, detalló un plan de ocho medidas:

• Creación de un fondo especializado, con financiamiento a tasas preferenciales y mayor cobertura del seguro agropecuario.
• Ampliación del programa de certificación de semillas y adopción de nuevas variedades para producir más por tarea.
• Fortalecimiento de la investigación agrícola y la asistencia técnica directa a los productores.
• Rehabilitación de los sistemas de riego y drenaje, nivelación de terrenos y construcción y mantenimiento de caminos vecinales e interparcelarios.
• Prioridad a los productores de arroz en el programa nacional de mecanización, en especial a los pequeños y medianos.
• Ampliación del programa de fertirrigación, que combina fertilización y riego para elevar la productividad.
• Revisión de las condiciones de pesaje, tara y porcentaje de humedad en la comercialización, para proteger los ingresos de los cosecheros.
• Compras directas del Gobierno para respaldar económicamente a los pequeños y medianos productores.

El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, había anticipado que el plan incluiría un fondo presupuestario para que los arroceros compensen el impacto de la libre importación del cereal estadounidense por el cumplimiento del DR-CAFTA.

El sector escucha, pero pide garantías concretas

La primera reacción del campo fue de cautela. Productores que acudieron el viernes al Palacio Nacional salieron del encuentro con más dudas que respuestas, a la espera de que el presidente Abinader, a su regreso al país, detalle el alcance del fondo especial prometido. La incógnita central es si el respaldo anunciado bastará para competir con un grano que entra sin arancel.

La Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ), presidida por Marcos Rodríguez, ha puesto sobre la mesa peticiones precisas: financiamientos de largo plazo con intereses preferenciales, períodos de gracia y avales adecuados. Rodríguez recuerda que los fertilizantes representan entre el 35 % y el 40 % del costo operativo de las cosechas, y sugiere reanudar las exportaciones formales hacia el mercado haitiano. Desde la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), su director ejecutivo, Heraldo Suero, advirtió que la soberanía alimentaria nacional no debe quedar supeditada a las asimetrías de los tratados internacionales.

Dos décadas de crecimiento en juego

Las cifras explican la sensibilidad del tema. La producción dominicana de arroz blanco pasó de aproximadamente 9,2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14,8 millones en 2025, y la productividad alcanzó los 5.477 kilogramos de arroz paddy por hectárea el año pasado. El sector agrupa a unos 30.000 productores y genera más de 300.000 empleos directos e indirectos, según datos de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).

Con el arancel ya en cero según el calendario del tratado, la competencia dejó de ser un escenario futuro. En las próximas semanas la atención estará en dos frentes: el detalle del fondo prometido a los productores y la respuesta de Washington a un socio que, desde París, dejó claro que el arroz es para la República Dominicana mucho más que una mercancía: es un asunto de seguridad nacional.

Fuente: Agencia EFE